Mientras la UE deshoja la margarita sobre si sancionar a
España por írsele la olla con el déficit, Luis de Guindos sigue apostando a que
nos iremos de rositas. Pero una cosa es lo que predicas y otra la realidad, por
eso, para tratar de dar argumentos en favor de España el ministro ha anunciado
a sus colegas del Ecofin que España recaudará 6.000 millones de euros más con
una modificación del tipo del pago a cuenta del Impuesto de Sociedades.
La sanción podría implicar 2.000 millones de euros de multa
(un 0,2% del PIB) y la congelación de los fondos estructurales de 2017, por el
incumplimiento del objetivo de déficit en 2015. El problema es que con un
gobierno en funciones estas reformas no son fáciles, por no decir que son
imposibles.
Y el problema, una vez más, es que por no hacer los deberes
en su día ahora nos toca de nuevo apretarnos el cinturón. La falta de
decisiones en el pasado para redecir el agujero del Estado y su influencia
perniciosa sobre la economía productiva sigue prolongándose y multiplicándose.
Y menos mal que ya hemos pasado lo peor de la crisis, pero desaprovechamos el
impulso que genera la tímida recuperación.
¿Pero sería una subida de impuestos? Según Moncloa y
Economía, no. "Al tener la reforma del pago fraccionado un efecto
puramente financiero, que se reparte entre los pagos en 2016 y la liquidación
del impuesto en julio de 2017, el nuevo Gobierno podría activar cambios
normativos que, sin incrementar la fiscalidad de las personas jurídicas,
garantizasen un impacto limitado en la recaudación de este impuesto. España
cerró el año pasado en el 5,08% del PIB y debe bajar hasta el 3% en 2017. En
nuestro país deben pagar el Impuesto de Sociedades todo tipo de empresas con
personalidad jurídica. Sociedades mercantiles, corporativas, estatales, etc.
Veremos si la UE se traga el embolado y veremos como lo
digieren las empresas, y la economía del país, al fin y al cabo.
