En 1991 por cada jubilado gallego había casi tres personas
ocupadas que cotizaban a la Seguridad Social. Desde entonces hasta ahora, la
proporción ha ido menguando progresivamente. Galicia contabiliza apenas 1,3
cotizantes por pensionista, una proporción que contrasta con la existente en
España, algo mejor y que se sitúa en 2,25. Una diferencia que tiene que ver, en
gran medida, con el menor impacto de la crisis demográfica. Las cuentas
territorializadas de la Seguridad Social, en diferentes grados, muestran que la
gran mayoría de las comunidades presentan déficits con la caja. Es decir,
aportan mucho menos de lo que reciben. En el caso gallego, el desequilibrio
asciende a 3.500 millones de euros.
Como casi todo en la vida, esta situación es consecuencia de
varios factores. El más relevante posiblemente sea el demográfico. Galicia es
una región envejecida y en envejecimiento constante y progresivo. El hecho de
que cada vez la esperanza de vida sea más alta y de que la demografía gallega
siempre se haya visto emparentada con la dispersión demográfica no hacen más
que acentuar el declive que la pirámide demográfica gallega experimenta desde
hace décadas. Hay otros factores, claro, que repercuten en una demografía más
pobre, como menores y peores ofertas de empleo, la globalización que favorece
la búsqueda de oportunidades en otros lugares o incluso se podría hablar del
tradicional éxodo gallego que ha ido enraizando en el exterior una cultura de
emigración que todavía se mantiene hoy en día.
Unos salarios más bajos no solo repercuten en una demografía
más pobre, también tienen un segundo efecto más directo sobre las cajas de la
Seguridad Social regional. Si los empleados cobran menos su cotización será menor,
mientras que los pensionistas seguirán cobrando lo mismo (aunque sea poco),
pero cada vez hay más jubilados, es decir, más pensionistas, lo que hace que la
brecha se vaya agrandando.
En épocas de austeridad o de crisis económica o bajo
crecimiento como la actual todos estos factores se acentúan en las regiones
pobres o menos favorecidas, si se quiere decir así. Lo hemos visto en los
últimos años. Con la crisis los sueldos han caído, empujados hacia abajo por la
alta tasa de paro, la caída de la inversión privada y el cierre de muchas
empresas, el crecimiento negativo en una palabra. Además, la recuperación en
los salarios casi siempre va con retraso respecto al crecimiento económico, y
en regiones como la gallega con salarios relativamente más bajos esto se
acentúa.
Curiosamente, en Europa existe un grave problema demográfico
y el aparejado problema del mantenimiento del llamado estado del bienestar,
aunque no tan acentuado como en el caso gallego, pero las políticas europeas no
han prestado la suficiente atención hasta ahora a este grave problema de
envejecimiento. La solución al problema pasa por actuar en diversos frentes.
Políticas de incentivo a la natalidad, no sólo de manera directa sino también
indirecta (si la unidad familiar tiene mayor renta disponible la posibilidad de
tener más niños aumenta), favorecer la inversión privada y el crecimiento
económico (es de perogrullo, pero es un factor fundamental), en este sentido la
fiscalidad tiene bastante que decir.
Hay países que financian con impuestos cualquier déficit de
su sistema, como es el caso del Reino Unido, o que sufragan total o
parcialmente una pensión básica por esta vía, como sucede en Dinamarca, Suecia
o Finlandia. Parece bastante claro que si la evolución demográfica no se
invierte, algo nada fácil, el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social
se tenga que hacer con cargo a los presupuestos generales del Estado. Eso que
en principio parece una solución sencilla tiene sus graves consecuencias en
términos de presión fiscal y por tanto de incidencia sobre la actividad
económica, además de que Bruselas no está por la labor de ligar a los
presupuestos el problema del sistema de pensiones.
También hay opiniones que reclaman actuar sobre la economía
sumergida. Sí, eso también es muy bonito, pero más bien parece como la eterna
búsqueda del dorado, se pueden dedicar muchos más recursos al tema, claro, pero
los rendimientos decrecientes en cuanto a afloramiento son muy acusados.
En España la realidad presente es que se gasta mucho más de
lo que se ingresa, es decir, la caja de la Seguridad Social se va vaciando sin
pausa. Todo ello conlleva indudablemente la necesidad de plantear reformas. Y
no olvidemos otro dato, los efectos multiplicadores, aquellas regiones con
mayor nivel de envejecimiento serán más propensas a sufrir problemas en el
mantenimiento de su sistema de pensiones que a su vez repercutirán en el
anclaje de la población al territorio, lo mismo que pasa con los salarios.
Quién quiere envejecer en un país que no te garantiza unos ingresos mínimos en
tus últimos años de vida después de haber estado cotizando religiosamente
durante décadas?
